Oaxaca, Oax.-
Garantizar a las mujeres el pleno acceso a la justicia es una obligación de los órganos jurisdiccionales, por ello, los juzgadores no pueden sustentar sus criterios desde un contexto personal, ni con base en apreciaciones y consideraciones discriminatorias, estereotipos o ideas preconcebidas; por el contrario, su deber es resolver de manera diligente y oportuna los casos que involucran a este sector de la población y emitir sentencias con perspectiva de género.
Al respecto, bajo la premisa fortalecer el trabajo jurisdiccional con políticas públicas y acciones afirmativas encaminadas a la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, respaldó el programa “Por ellas, Acciones para familias víctimas de feminicidio”, dado a conocer por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y que desde el ámbito de sus atribuciones apoyará el Poder Judicial.
En entrevista, señaló que la institución a su cargo ha establecido mecanismos de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia en contra de las mujeres dirigidos a diversas instancias y ha sensibilizado en este tema a servidoras y servidores públicos en materia civil, familiar y penal tanto del sistema mixto o tradicional como del sistema acusatorio y oral.
Resaltó que no basta con implementar programas y estrategias, sino que son necesarias acciones integrales que requieren del trabajo coordinado entre los tres Poderes del Estado y la sociedad civil organizada.
El titular del Poder Judicial señaló que desde el primer momento de la emergencia sanitaria se tomaron las medidas necesarias para dar seguimiento y atención a los asuntos urgentes, como los juicios de alimentos, el pago o el cumplimiento de pensiones alimenticias y la entrega o transferencia de este derecho por ley.
Se implementó también la Guía de acciones del Poder Judicial del Estado de Oaxaca para la prevención y atención en materia de violencia de género ante la contingencia del Covid-19, cuya finalidad es adoptar medidas de cuidado para enfrentar el aumento de la violencia de género durante el periodo de confinamiento y dar a conocer los medios judiciales con los que se cuentan para poner fin a estas situaciones.
