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Demanda 64 Legislatura castigo contra operadores de la represión del 2006

26 noviembre, 2020

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También se llama al gobernador a facilitar el acceso a la justicia, sobre los crímenes de Estado cometidos durante este periodo.

San Raymundo Jalpan, Oax.-

A 14 años de distancia, diputadas y diputados del Congreso local exhortaron a distintas autoridades, a solucionar en definitiva asuntos relacionados con los crímenes de Estado cometidos por ex servidores públicos que fungieron como operadores de la represión ordenada en contra del movimiento social y magisterial del año 2006.

El llamado se hizo patente al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que realice las investigaciones necesarias y finque las responsabilidades a que haya lugar en contra del ex Secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos y violaciones graves a los derechos humanos cometidos como parte de la represión gubernamental.

También, para que investigue y sancione a los fiscales generales del Estado de Oaxaca, por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en este mismo periodo.

Al titular del Poder Ejecutivo del Estado le exigieron separar, de manera inmediata de sus cargos, a funcionarios que participaron en estos hechos, varios de los cuales hoy forman parte de su gabinete. Asimismo a que, en el ámbito de sus facultades, evite la integración a su gabinete de personajes como Jorge Franco Vargas, facilitando así el acceso a la justicia para que se castigue a los responsables por hechos de sangre y otros, durante el conflicto social.

Resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinaron que las autoridades oaxaqueñas de aquel entonces, empezando por el ex gobernador, Ulises Ruíz Ortiz, cometieron graves violaciones a las garantías constitucionales de la población.

El máximo tribunal dio cuenta de que se cometieron homicidios producidos por armas de fuego en contra de manifestantes durante las marchas del magisterio, y por heridas causadas con arma de fuego en contra de personas que se encontraban participando en las “barricadas”.