Los aspirantes presidenciales, ahora llamados por la autoridad “personas inscritas” en los procesos de ambos bloques partidistas en contienda, podrán gastar, cada uno, hasta 34 millones 370 mil 666 de pesos para las actividades, señaló el Instituto Nacional Electoral (INE).
Cada persona contendiente podrá aportar, de sus recursos, un tope de 2 millones 148 mil 166.62 pesos, mientras que sus simpatizantes colaborarían con 537 mil 041.65 pesos, como límite individual.
Lo anterior, según el proyecto de lineamientos que será sometido a votación del consejo general del INE hoy, en sesión convocada para las ocho de la noche, apenas cuatro horas antes de que venza el plazo impuesto al organismo por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El parámetro fijado por los magistrados hacia el INE en la sentencia del asunto en el que se avaló el proceso del Frente Amplio por México, indica que los procesos “podrán ser financiados con recursos del gasto ordinario que reciben los partidos políticos participantes, así como el financiamiento privado, en os términos y con los límites que determine el consejo general del INE”.
El magistrado presidente, Reyes Rodríguez, puntualizó en una ponencia que uno de los objetivos es que el INE indague y compruebe el origen de los recursos empleados por los partidos políticos y sus aspirantes.
El TEPJF pidió al Instituto hacer una fiscalización expedita en la que precisara el periodo sujeto a revisión, las reglas aplicables, el tipo de gasto y la presentación de informes.
Al respecto, el proyecto de lineamientos elaborado por personal de las unidades técnicas de Fiscalización y de lo Contencioso, así como por los abogados de la Secretaría Ejecutiva, quienes pusieron reglas para todo, desde la forma de gastar viáticos hasta las propias encuestas en las que Morena y aliados decidirán quien es su coordinador nacional de defensa de los comités de la cuarta transformación, mientras que PAN, PRI y PRD eligirán al representante del Frente Amplio por México.
En el documento preliminar del INE se indica en ese tema que las aportaciones en dinero o en especie superiores a las 90 unidades de medida y actualización deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
No podrán aportar integrantes o socios de las empresas proveedoras de los partidos, mientras que otras aportaciones deberán acogerse a los límites de financiamiento privado previsto ya en la norma respectiva para este año.
En los registros contables deberán distinguirse los ingresos en efectivo y los que se obtengan en especie.
Además quedan prohibidas las aportaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas y los ayuntamientos; dependencias gubernamentales de cualquier nivel, así como organismos autónomos y entes extranjeros o personas no identificadas.
El artículo 30 de los lineamientos señala:
“Los gastos que realicen los partidos para los procesos políticos con recursos para actividades ordinarias permanentes y las aportaciones de las y los militantes y simpatizantes durante el ejercicio de que se trate, forman parte del gasto ordinario”.
El artículo 31 puntualiza:
“Los partidos políticos deberán establecer los topes de gastos que cada persona inscrita en su proceso político podrá aplicar a los gastos directamente vinculados a ella.
“En ningún caso, los topes que se establezcan serán superiores a la cantidad de 34 millones 370 mil 666 pesos, por persona inscrita”.
Por otra parte, se consideran gastos vinculados con el desarrollo y organización de los procesos políticos no solo los sueldos y salarios del personal eventual sino también los servicios generales como arrendamiento de inmuebles, viáticos y pasajes, combustible, producción de videos, asesoría y consultoría, encuestas y/o consultas, transporte, eventos, capacitación y cursos, alimentos, casetas y peajes, incurridos por el partido con motivo de la organización y desarrollo de los procesos políticos.
Asimismo, toda clase de materiales y suministros (desde papelería hasta vestuario y uniformes); propaganda institucional que pueden ser panorámicos o espectaculares, propaganda utilitaria, inserciones pagadas en diarios y revistas, propaganda exhibida en salas de cine, propaganda contratada en internet, espectaculares de pantallas digitales, bardas, volantes, mantas, gastos en redes sociales, entre otros.
Como se ha divulgado, el INE tomará como gasto también propaganda utilitaria (artículos promocionales como los amlitos), los operativos (viáticos, equipos de sonido, por ejemplo), y los gastos de traslado y hospedaje de las personas inscritas en los recorridos que realicen en el país.
De igual forma, propaganda exhibida en vía pública, en medios de comunicación, salas de cine, internet y redes sociales, así como servicios generales y gastos de jornada electiva, consulta o equivalente.
