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Anuncian colectivos suspensión provisional a comunidades yucatecas contra Tren Maya

Ciudad de México.-

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, concedió la suspensión provisional del “Tren Maya” que impide a las autoridades federales realizar obras nuevas del proyecto en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, en tanto se decide si procede la suspensión definitiva, informaron los colectivos Kanan Derechos Humanos y Muuch Xilbal.

De acuerdo con la información, los habitantes de las comunidades mencionadas promovieron en julio de 2020 un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido a la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, realizada entre el 2 y 30 de julio de ese año.

En un comunicado, las organizaciones destacaron que mientras se resolvía el amparo, la Semarnat aprobó la MIA del proyecto Tren Maya el pasado 30 de noviembre, lo que implicó que las autoridades ya podían ejecutar las obras nuevas en cualquier momento.

De igual forma señalaron que en el resolutivo que aprueba la MIA del proyecto, la dependencia “reconoció la ausencia de información durante la consulta pública y que fue responsabilidad de Fonatur”, no haber puesto a disposición de la autoridad ambiental toda la información del proyecto.

Por ello, las comunidades quejosas decidieron ampliar el amparo inicial, en contra de la aprobación de la MIA, “porque ésta se dio sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental”.

Indicaron que tanto la Semarnat como el Fonatur fueron demandados “como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta al público”.

Derivado de la aprobación de la MIA, el Juzgado Tercero de Distrito concedió la suspensión provisional, lo que implica que Fonatur no podrá realizar obras nuevas que formen parte de la ejecución del proyecto en lo que se analiza la falta de transparencia y participación pública de la consulta del 2020. (La Jornada)

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