+El Estado ha prohibido la venta de refrescos y envasados de alto contenido calórico a menores de 18 años. La diabetes en México está declarada emergencia sanitaria y mata a 106.000 personas al año

Ciudad de México.-
Desde la salida de San Cristóbal de las Casas hasta Pocolum, un trayecto de apenas 50 kilómetros en Chiapas, se han contado 167 puntos de venta donde se puede comprar coca-cola. “Es el producto más accesible, si buscas tortillas o frutas tienes que caminar más”, dice Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán. Y dice más: “El 3% de los niños de menos de seis meses beben refrescos embotellados en Chiapas, según un estudio de 2016″. Los datos estremecedores no acaban ahí. Son parecidos a los que se dan en Oaxaca, otro de los Estados más pobres y con mayor población indígena de México, donde un cuarto de los niños de 5 a 11 años padece sobrepeso u obesidad. Esta semana, el Congreso oaxaqueño ha prohibido la venta, distribución, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, una medida que ha saludado el Gobierno federal, que lleva algunos meses repitiendo públicamente que estos productos son “veneno”, algo que no es fácil oír a los gobernantes con tanta claridad, habida cuenta del poder económico de las grandes empresas productoras.
La pandemia del coronavirus ha traído a colación un asunto que venía desde lejos preocupando a las autoridades sanitarias: México es país del mundo donde más refrescos se consumen y el segundo en tasas de obesidad. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, con más de 106.000 decesos al año, según las estadísticas oficiales. En 2000 fueron 46.000. Esta es una de las enfermedades que colaboran más eficazmente con el coronavirus. En 2016, la alta prevalencia de estas patologías llevó a la Secretaría de Salud a declarar la emergencia sanitaria en todo el país, ratificada en 2018. Pero las cifras no paran de crecer.
En Oaxaca preocupa además que siete de cada 10 niños están mucho más gordos de lo saludable. “Hemos prohibido la venta de estos productos a menores de 18, lo mismo que con el alcohol y los cigarrillos. No así a los padres, bajo su tutela podrán tomarlo si quieren, pero estamos lanzando un mensaje de que están siendo envenenados con esta ingesta, la gente suele pensar que si están permitidos son buenos”, dice por teléfono Magaly López, la diputada de Morena, el partido del Gobierno federal, que ha insistido en esta medida, desde 2008, hasta lograrlo. “Para las transnacionales no hay camino difícil para envenenar a nuestras comunidades”, añade sin temor.
La diputada es consciente de que falta trabajo por hacer, pero señala que el proyecto legal lo han firmado 73 organizaciones y cuenta con el respaldo de la FAO, Unicef, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otros, en cuyas recomendaciones para la salud y la nutrición infantil se han apoyado para redactar esta norma, que establece sanciones a su incumplimiento.
Legislar es solo un primer paso en México, donde el recorrido de las leyes suele ser muy corto. En 2014 entró en vigor otra norma que prohibía la distribución de estos productos, bollería, refrescos, en todos los centros educativos, pero solo hay que darse un paseo por las escuelas para ver que las cosas siguen casi como siempre. Aunque muchos de los consultados para este reportaje ven en el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la voluntad de que esto cambie. La enfermedades antes señaladas, la diabetes, sobre todo, equivale a la mayoría del presupuesto que se maneja para Salud en todo el país. En el caso de Oaxaca, la vigilancia para que la nueva norma se cumpla queda ahora en manos de la Secretaría de Salud de ese Estado.
Los refrescos y las chucherías de toda clase se venden en cada esquina y hasta en las farmacias. Los estantes de los supermercados son una fiesta de colores, bebidas azules, rosas, naranjas, verdes y oscuras. No será fácil para el dueño de una tienda determinar qué productos puede vender o no, aun cuando la medida entre en vigor en Oaxaca, porque la norma federal de etiquetado y los sellos que indican que esos productos están por encima de las calorías admisibles no estará hasta diciembre, frenada ahora por un amparo judicial. Además, la normativa oaxaqueña, que ya miran otros Estados, como Tabasco, corre el riesgo de enfrentarse a las compañías productoras por defectos de forma.
“Hay inconsistencias semánticas”, empieza Germán Santillán, consejero directivo de la Asociación de Chocolateros de Oaxaca. “Es demasiado general, nos preocupa que eso afecte a los productos tradicionales, nada nos asegura que no será así y eso irá en contra de los pequeños productores, que han hecho un esfuerzo por profesionalizarse, por diseñar un envase, por darle una marca a su producto, por tratar de competir en el mercado. ¿Acaso ahora tener un empaque es algo malo? Es complicado ser emprendedor en este país”, se queja. “Siempre nos toca a los mismos, a la economía formal, la que paga impuestos”, añade.(NSSOaxaca)