Ciudad de Mexico.-
El recorte presupuestal de casi 50 por ciento al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, impactará de manera negativa en los derechos de los menores de edad y sus familias, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo nacional expresó su preocupación frente al proyecto de la administración federal de disminuir más de 2 mil millones de pesos a ese programa, pues esto podría restringir el derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral para niñas y niños.
Esta estrategia “puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus medios de subsistencia, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad”.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, envió un documento en el que manifiesta estos riesgos al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; y a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y de Bienestar, María Luisa Albores González.
En el escrito de manera “respetuosa” exhortó a los funcionarios a observar los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior.
El gobierno federal anunció que los recursos ya no serán destinados a este programa, sino a las familias, debido a que se detectaron irregularidades y actos de corrupción. Al respecto el ombudsperson nacional suvrayó: “Para la CNDH es incuestionable que el Estado tiene obligaciones que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores. (La Jornada).
