Se atienden los procedimientos en materia penal tradicional, acusatorio adversarial, civil, familiar y mercantil, además de los son sustanciados en la Visitaduría General
Oaxaca.-
Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el virus SARs-CoV2 COVID-19, Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, adoptó un conjunto de medidas preventivas con el fin de proteger la salud tanto de los usuarios como de servidoras y servidores públicos.
Así también, diferentes acciones y servicios en línea encaminados a cumplir con la función que tiene encomendada la institución que continúa aplicando el Plan de Retorno Gradual, Seguro y Ordenado a la Actividad Jurisdiccional y Administrativa.
Derivado del Acuerdo General 40/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 30 de noviembre del presente año, se mantiene la atención de asuntos urgentes y no urgentes así como la reanudación de las actuaciones, plazos y términos en los procedimientos en materia penal tradicional, acusatorio adversarial, civil, familiar y mercantil, además de los sustanciados en la Visitaduría General.
A través de este organismo, se realizan permanentemente inspecciones ordinarias a los diferentes juzgados que funcionan en Oaxaca, para comprobar que el servicio público sea correcto y oportuno y que no exista ninguna situación que perjudique los trámites y en consecuencia, la impartición de justicia.
Respecto al sistema penal tradicional, se mantienen los actos procesales previos a la etapa intermedia, sólo hasta el dictado de apertura y juicio, en aquellos casos en que las o los imputados se encuentren en prisión preventiva. Asimismo, en cuanto a materia de oralidad mercantil se rehabilitaron en su totalidad las actuaciones, plazos y términos en todo juicio competente a su juzgado.
En el ámbito civil y familiar se estableció que jueces y juezas deben practicar todo tipo de audiencias, incluso las de desahogo de pruebas, bajo una evaluación prudente de las circunstancias del caso, entorno, medidas convenientes y medios a implementar para prevenir el riesgo de contagio, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia
