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Pide Legislatura frenar matrimonio infantil en Oaxaca

14 septiembre, 2020

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  • Indispensable fortalecer políticas para evitar prácticas que atentan contra derechos de menores de edad.
  • Oaxaca concentra el 39.17% de los casos de matrimonio infantiles a nivel nacional.

San Raymundo Jalpan, Oax.-

La LXIV Legislatura demandó al gobierno del Estado fortalecer políticas públicas para prevenir el matrimonio infantil y de esta manera proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes oaxaqueños.

La propuesta, aprobada en la sesión ordinaria del 9 de septiembre, exhorta al gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, como presidente del Sistema local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), realice campañas informativas y de difusión que fortalezcan las disposiciones normativas que prohíben el matrimonio infantil en Oaxaca desde el año 2013.

El punto de acuerdo impulsado por el legislador, Saúl Cruz Jiménez, refiere que la acción gubernamental debe conducirse con preceptos culturalmente adecuados, es decir, en lengua materna según se hablen en cada región del Estado.

Las campañas mostrarán la importancia de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes indígenas, enfocándose en las consecuencias que conlleva el matrimonio infantil, con el objetivo de erradicar esta práctica de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas.

Además, deberán complementarse con programas y políticas públicas tendientes a prevenir y erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, así como en brindar orientación en salud sexual y reproductiva, con pleno respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Por conducto del punto de acuerdo, esta Soberanía también recomendó a la administración estatal coordinar esfuerzos con las autoridades municipales de toda la entidad y evitar el matrimonio infantil cuyas consecuencias llegan a ser físicas, psicológicas, emocionales, sociales y económicas.

El Estado de Oaxaca concentra el 38.17% de los casos de matrimonio infantil identificados a nivel nacional. Esto pese a que desde el año 2013 existe una legislación que prohíbe esta práctica.